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Aportes Valiosos IV

23 Ago

¿Cómo va Bayóvar?                                                        08-06-2012   9 a 11 a.m.

 Dialogamos sobre un proyecto estratégico para el desarrollo regional y nacional, de gran connotación internacional, la explotación de los fosfatos de Bayóvar.

Moderador:

Licenciado Miguel Godos Curay, egresado de la Universidad de Piura, desempeñó altos cargos de mucha responsabilidad, como Director del Diario CORREO de Piura y Director de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Piura. Actualmente es un versado articulista, investigador periodístico y continúa como catedrático de la Universidad Nacional de Piura.

Panelistas:

Ing. Industrial José Luis Barranzuela Queneche, con estudios de post-grado en Ingeniería Química de la Facultad de Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Roma-Italia, Doctorado en Ciencia de Materiales y Metalurgia en la Universidad de Oviedo-España, actualmente es docente y Jefe de Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Piura. Fue Director de la Empresa Minera Regional Grau-Bayóvar Sociedad Anónima, y tiene diversas publicaciones sobre el aprovechamiento industrial de los recursos mineros no metálicos de Bayóvar.

Ingeniero Industrial William Ipanaqué Alama, Doctorado en Informática y Automática Industrial y Filósofo-Doctor del Politécnico de Milán, Italia, Especialización en Tecnologías de sistemas automáticos de Control: Universidad La Sapienza Italia, Politécnico de Zurich Suiza, Diplomado en Finanzas Universidad de Piura. Director de proyectos de Innovación e investigación, nacionales e internacionales, Expositor nacional e internacionalsobre innovación, ciencia y  tecnología.  Autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad y autor de dos libros relacionados con la tecnología del control automático, Coordinador de redes internacionales para la investigación y desarrollo, Docencia nacional e Internacional, Miembro del consejo consultivo de la comisión Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la Republica del Perú, entre otros múltiples cargos, todos ellos referidos a ciencia y tecnología

Economista Guillermo Dulanto Rishing, Dos Maestrías y candidato a Dr., en Administración y en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, en la Universidad de Navarra-España, ex Vice Decano del Colegio de Economistas de Piura-Tumbes   ex Gerente Regional de Desarrollo Económico del GR de Piura, Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, Asesor de la Presidencia y Director Ejecutivo del Centro Regional de Planeamiento Estratégico del GR de Piura, miembro de INDECOPI, como inversionista privado es  Presidente del Directorio de Inversiones Dorado S.A.C., es autor de varias investigaciones y publicaciones de su especialidad, y asociado a prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.

Hablar de Bayóvar no es solo referirnos a los fosfatos, sino también al anzuelo para la gran inversión transnacional, por que las investigaciones realizadas desde tiempo atrás, digamos desde su descubrimiento, allá por el año 1956, hasta antes de firmarse el contrato de su explotación con el consorcio brasilero Vale do Río Doce, se perfiló el “Gran Complejo Minero-Industrial de Bayóvar”. A esto hay que apuntar, refinando lo ya hecho hasta hoy. Nos estamos refiriendo a la refinería de petróleo, complejo petroquímico y fertilizantes, por mencionar algunos.

Si repasamos los antecedentes, nos encontramos con experiencias notables y estimulantes, que Piura puede exhibir como ejemplo de previsión y eficiencia. Hechos concretos. En el gobierno de la Región Grau, Tumbes-Piura, 1990, PROBAYOVAR se transformó en la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A., a quien se transfirieron los activos y operaciones de Minero Perú y las correspondientes concesiones mineras. Cómo olvidar la gestión del GR de aquella época, 1990, que logró la Ley 25334 que nos otorga el 100% de los derechos especiales sobre dichos fosfatos. Mediante la primera licitación pública, en coordinación con la Contraloría General de la República, se otorgó la buena pro a la empresa CEFOISA, de Fuentes Ortiz, la explotación del área I,

Recordemos también la planta piloto de roca fosfórica, que llegó a producir y exportar roca fosfórica al Ecuador y a Nueva Zelandia.

En tiempos recientes, 2005, se consiguió firmar contrato con Vale do Río Doce, gracias a la “licencia social”, conseguida por  el Alcalde Provincial Ing. Justo Eche, sus alcaldes distritales, y al presidente de la Comunidad San Martín de Sechura, Dante Paiva, que supieron orientar inteligentemente a sus poblaciones y comuneros de la provincia de Sechura, y el “puntillazo” final del GR de Piura,

Otro hito histórico, que podemos mostrar los piuranos, es la Fundación Comunal San Martín de Sechura y el Fideicomiso, instituciones creadas para administrar las regalías mineras en inversión social. Cada una recibe un millón de dólares.

Finalmente, una gran interrogante ¿En manos de quién estarán la propiedad de nuestros fosfatos? porque mucha agua ha corrido bajo los puentes.

 

“Gestión integrada de Recursos Hídricos y su contribución al Desarrollo Regional”.                                                                     15-06-2012  9 a 11 a.m.     

Se trató otra gran preocupación regional  Fue un aporte de una institución investigadora dedicada a favor del campesinado, me estoy refiriendo al CIPCA, que está celebrando sus 40 años de existencia.

Moderador:

Julio Oliden Milla. Asesor de Proyectos del Área de Investigación y Proyección Regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. CIPCA.

Panelistas:

 Miguel Franco Temple, Ingeniero Agrónomo, Presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura, en representación del Gobierno Regional de Piura.

Fausto Asencio Díaz, Magíster en Ingeniería Ambiental y Asesor del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura.

 Jesús Manuel Chávez, Ingeniero Agrónomo, Director Ejecutivo de la ONG Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas Piura – IGCH.

Laraine Lau Olaya, Ing. Agrónoma, Coordinadora del Proyecto Gobernabilidad Municipal del Agua en la Mancomunidad Andino Central, de la Asociación benéfica PRISMA de Piura.

Con la publicación en el 2009 de la Ley N° 29338, Ley de Aguas o Recursos Hídricos,  se estableció un capítulo importante en uso y gestión integrada del agua, con participación del Estado y los usuarios.

Sin embargo, la posibilidad de establecer una AUTORIDAD en la regulación del recurso hídrico no sólo se promueve publicando con una simple ley. Se requiere de instituciones fuertes y que tengan la capacidad de reflejar dinamismo y diálogo con los beneficiarios, agrarios y no agrarios.

Una de ellas, precisamente creada en la región Piura el 14 de junio, mediante D.S. 006-2011-AG, es el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura. Instancia que pretende ser un espacio de participación, planificación, coordinación y concertación de todos los actores de una cuenca para promover el aprovechamiento sostenible del agua. Vale mencionar que fue creada a iniciativa del Gobierno Regional de Piura.

¿Cómo conciliar urgencias de los valles agrarios, cuando sabemos que hay desarticulación de organizaciones y hasta enfrentamientos por el agua? ¿Cómo devolver el principio de autoridad en torno al agua? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo están respondiendo los usuarios? ¿Qué perspectivas?

Es un aporte de una institución investigadora dedicada a favor del campesinado, me estoy refiriendo al CIPCA, que está celebrando sus 40 años de existencia.

Con la publicación en el 2009 de la Ley N° 29338 conocida como la Ley de Aguas o Recursos Hídricos se estableció un capítulo importante en la regulación del uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta.

Sin embargo, la posibilidad de establecer una AUTORIDAD en la regulación del recurso hídrico no sólo se promueve publicando con una simple ley. Se requiere de instituciones fuertes y que tangan la capacidad de reflejar dinamismo y diálogo con los usuarios (agrarios o no agrarios).

Una de ellas, precisamente creada en la región Piura el 14 de junio, mediante D.S. 006-2011-AG, es el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura.  Esta instancia pretende ser un espacio de coordinación y concertación de todos los actores de una cuenca para promover el aprovechamiento sostenible del agua. Fue creada a iniciativa del Gobierno Regional de Piura.

El Consejo, en aras de la gestión integrada de los recursos hídricos, será un espacio de participación, planificación, coordinación y concertación de todos los actores de la cuenca para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de dicha zona.

Tendrá como una de sus funciones promover la participación activa de los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil y de los usuarios del agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

El primer consejo de Recursos Hídricos del país estará conformado por un representante del Gobierno Regional de Piura, quien lo presidirá; el director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque – Zarumilla, en representación de la ANA; un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes de los gobiernos locales, usuarios agrarios, usuarios no agrarios, colegios profesionales, universidades, comunidades campesinas y un representante del Proyecto Especial Chira-Piura.

La norma establece además el ámbito territorial del Consejo que estará conformado por las unidades hidrográficas del Chira-Piura.

La acreditación de los representantes del CRHC se efectuará por los titulares de las instituciones y organizaciones que lo conforman, ante el presidente del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en un plazo máximo de treinta días calendario, contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

En la actualidad se ha aprobado el Reglamento Interno de esta instancia y está a la espera de la aprobación de la Autoridad Nacional de Aguas (ANA).

 

Artículo 31º.- Funciones de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca

El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca participa en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de acuerdo con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los lineamientos de la Autoridad Nacional del Agua ejerciendo las funciones siguientes:

a)       Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil y de los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

b)      Elaborar conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente.

c)       Implementar acciones para conseguir los consensos y establecer compromisos, entre sus integrantes, que aseguren la conformidad del proyecto de Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

d)      Establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

e)       Proponer anualmente, a la Autoridad Administrativa del Agua, el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas para atender las demandas multisectoriales, considerando los derechos de uso de agua otorgados y usos de agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas cuando se encuentren dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

f)       Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca.

g)      Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, en los casos siguientes:

  • otorgamiento de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario en caso de concurrencia;
  • reversión de excedentes de recursos hídricos que se obtengan enaplicación de la ley;
  • establecimiento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certificaciones de eficiencia;
  • otorgamiento de licencia de uso de agua provisionales;
  • ejecución de obras de infraestructura hidráulica menor pública oprivada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua, naturales y artificiales, así como de los bienes asociados al agua; y,
  • otros asuntos que solicite la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme a la Ley.
  • Instruir los procedimientos administrativos de autorización de reuso de agua residual tratada, en coordinación con la autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, con la Autoridad Ambiental Nacional, remitiendo a la Autoridad Administrativa del Agua los resultados de la instrucción para la emisión de la correspondiente resolución, conforme con el artículo 23º de la Ley.
  • Realizar acciones de vigilancia y fiscalización en las fuentes naturales de agua con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación de las aguas, emitiendo informes que den mérito al inicio del procedimiento sancionador correspondiente por parte de la Autoridad Administrativa del Agua, la que para tal efecto coordina con la autoridad ambiental y de salud.
  • Fomentar planes y programas integrales de prevención y atención de desastres por inundaciones u otros impactos que afecten a los bienes asociados al agua, promoviendo acciones estructurales e institucionales.
  • Promover que los gobiernos locales vigilen la extracción de materiales de acarreo con el fin de proteger los cauces de los ríos y quebradas.
  • Contribuir en promover la cultura de la valoración económica, ambiental y social del agua, apoyando la gestión de los recursos hídricos en la cuenca a cargo de la Autoridad Administrativa del Agua.
  • Difundir entre sus integrantes y la sociedad civil los resultados de sugestión.
  • Impulsar entre sus integrantes el uso eficiente, el ahorro, la conservación y la protección de la calidad de los recursos hídricos. Asimismo, promover el reuso y la recirculación de las aguas.
  • Otras funciones que le encargue la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua conforme al Reglamento de Organización y Funciones de dicha autoridad.

 

 

“Ciencia y Tecnología: Política de Estado”                         22-06-2012 de 9 a 11 a.m.

 

Moderador: Dr. William Ipanaqué Alama, participó ya como panelista anteriormente.

Panelistas:

Washington Calderón Castillo, Ingeniero Agrónomo, Maestría en Gerencia Gubernamental, Maestría en Gestión del Medio Natural en la Universidad Internacional de Santa María de la Rábida-España, Doctor en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional de Piura, Especializaciones en diversos cultivos y métodos de extensión en el Instituto de Investigación Agraria del Perú y en el Centro Internacional de Desarrollo Agrícola de Israel, docente de la Facultad de Agronomía y de post-grado en epistemología de la ciencia y la tecnología, en la Universidad Nacional de Piura, ha desarrollado y publicado diversas investigaciones d su especialidad, actualmente desempeña los cargos de Jefe de Cooperación Técnica Internacional y del Departamento de Ingeniería Agrícola de la misma universidad, ha obtenido reconocimientos de las municipalidades de Paita, Sechura y Sullana. Y Diario El Tiempo de Piura.

Ronald Ruiz Chapilliquén, Ingeniero Industrial y ya participó Ambiental, ex Decano del Colegio de Ingenieros de Piura y Capacitador en temas de Cuencas Hidrográficas, políticas e instituciones del agua, ética del agua y conflictos por el agua.

Economista Eduardo Mendoza Seminario, con estudios de post-grado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, docente cesante de la Universidad Nacional de Piura, habiendo desempeñado en ella los cargos de Jefe de Departamento Académico, Director Universitario de Investigación, Miembro del Instituto de Acreditación Universitaria, Vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo del Norte del Perú y Jefe de Planificación y Presupuesto, Presidente de la Asociación de Docentes. También fue Vicepresidente de la Comisión Investigadora y Organizadora de la Universidad Privada Huánuco, Decano del Colegio de Economista Piura-Tumbes, Miembro del Directorio de la Caja Municipal de Piura, Regidor de la Municipalidad de Piura, Asambleísta y Gerente Regional de Planificación y Presupuesto de la Región Grau Tumbes-Piura y Vicepresidente del GR de Piura. Autor del libro Descentralización: Teoría y Práctica, articulista de Diarios y Revistas, y expositor sobre descentralización y desarrollo regional y municipal. Reconocimientos del Gobierno Regional de Tumbes y Municipalidades de Huaraz, Piura, Tangará y el Centenario de Sullana, Colegio de Economistas de Piura-Tumbes, FUNDENORP, Universidad Nacional de Piura, Club Grau de Piura y del Comité Organizador de la III Olimpiada Regional Universitaria.

En anterior oportunidad conversamos sobre “Investigación y Desarrollo”, en la que llegamos a la conclusión de que la investigación en el Perú  estaba descuidada o en todo caso no era priorizada, lo cual significaba un serio problema para nuestro desarrollo nacional. En tanto que la tecnología que estamos utilizando para explotar nuestros recursos es de procedencia extranjera. Si nos estamos preparando para el bicentenario de nuestra independencia, de que independencia estamos hablando? Nos preocupa sobre manera la industria alimentaria, pues ésta es básica para el desarrollo humano ¿O me equivoco.

La globalización y el libre mercado han producido cambios radicales en las políticas económicas, particularmente en el sector industrial y tecnológico. Se minimiza la participación del Estado en la actividad empresarial. Lo mismo sucede con la protección a los mercados nacionales o subregionales. El control a la inversión y tecnología extranjeras ha sido reemplazado por su promoción y protección.

En este contexto cambiante de políticas y realidades, un grupo de instituciones, por lo general estatales, bajo la denominación genérica de “Institutos de Investigación Tecnológica Industrial”, que aparecieron como instrumentos de política tecnológica del Estado para disminuir la dependencia tecnológica de nuestro aparato productivo, han sufrido las consecuencias, llegando muchos de ellos a desaparecer o transformarse radicalmente. Podemos tomar como base de análisis el ITINTEC, para plantear propuestas sobre ciencia y tecnología como política de Estado. Recordando que el Estado participó empresarialmente en el sector industrial, con la creación de empresas estatales dedicadas a la producción de insumos o bienes de capital considerados estratégicos.

Análisis histórico.

En octubre de 1968, un golpe militar llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, se caracterizó por su política nacionalista y estatista. En ese mismo año, creó por Decreto Ley 17096 el Consejo Nacional de Investigación (CONI) en un intento de darle dinamismo y coherencia a la investigación en el Perú, pero de corte centralista y multisectorial. Se le asigna como misión “fomentar, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en el Perú”. Entre las funciones se le encarga coordinar esfuerzos de investigación, administrar un Fondo Nacional de Investigación (Fondo que nunca se llegó a implementar adecuadamente) y crear y administrar centros o institutos de investigación.

En octubre de 1969 el Perú participa en el Acuerdo de Integración Subregional Andino, o Acuerdo de Cartagena, creada con el fin de impulsar un mercado común entre Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela y Perú (posteriormente Chile se retira). Estableciendo  barreras arancelarias. Se recuerda  la Decisión 24, por la cual se comprometen a un régimen común de tratamiento al capital y a la tecnología extranjeros, controlista y restrictivo. En el caso de las inversiones extranjeras se les exige incluso nacionalizarse en un plazo determinado.

Posteriormente, la Decisión 84 plantea algunos principios dirigidos a establecer procedimientos comunitarios para el desarrollo tecnológico de la subregión, entre los que destacan los Programas Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT), en varios campos como la hidrometalurgia del cobre, la minería, el tratamiento y uso de las maderas tropicales, las tecnologías para el desarrollo rural, el intercambio de información tecnológica y desarrollo tecnológico para la industria alimentaria.

Recordemos también la Decisión 85 del Grupo Andino, que establece un régimen común para el registro y protección de los elementos constitutivos de la propiedad industrial (patentes, marcas, modelos industriales, etc.).

En 1970, la política de desarrollo industrial en el Perú se basaba en la sustitución de importaciones, mediante incentivos tributarios, protección arancelaria, crédito preferencial y creación de infraestructura básica (transportes, comunicaciones, educación y seguridad social).

En julio de ese mismo año, 1970, se crea en el contexto de la Ley General de Industrias,                              Decreto Ley 18350, el Instituto de Investigación Tecnológica Industrias y de Normas Técnicas (ITINTEC), como organismo público descentralizado de derecho público interno en el sector industria y comercio, cuya finalidad era la investigación tecnológica e industrial y el establecimiento de las normas técnicas industriales. Se financiaba con                                                el 2% de la renta neta de las empresas del sector. Se iniciaba así, un sistema de investigación y servicios tecnológicos conformado por instituciones sectoriales, como la minería, las comunicaciones, la pesquería y la vivienda. Se va definiendo una red de instituciones relacionadas con el desarrollo tecnológico en sus respectivos sectores y que asumen diferentes formas de organización y financiamiento. Configurando una nueva política de industrialización para el país, buscando el “desarrollo industrial permanente y autosostenido”, basado en la priorización de la industria básica y de bienes de capital como motor del desarrollo industrial, de carácter proteccionista, al extremo que se prohíbe la importación de cualquier producto industrial que se fabrique en el país en cantidad, calidad y oportunidad suficientes.

En el Perú, a partir de 1980, con el reinicio de un gobierno democrático, empieza un proceso de liberalización, apertura de mercados unido y desactivación de la actividad empresarial del Estado. Expresada en la nueva Ley General de Industrias, Ley Nº 23407 promulgada el 28 de Mayo de 1982, elaborada en consenso con el sector empresarial.  Liberalización que continúa hasta hoy, como política de reinserción al sistema económico internacional, lo que implica, entre otras cosas, una apertura del mercado con reducción de aranceles, eliminación de subsidios y un exagerado tratamiento preferencial al capital extranjero.

Dada la similitud de estas políticas con las de los países que integran el Grupo Andino, éste se ha visto transformado en su estructura básica, con la eliminación de la programación industrial y de las restricciones a la inversión y tecnologías extranjeras, así como con la reducción de los aranceles.

Una de las característicos del modelo ITINTEC es el de proveer fondos para la investigación tecnológica. Algo similar ocurre con otros institutos sectoriales como INICTEL, INCITEMI, ITP, entre otros.

Las características más importantes del sistema creado son:

  1. Clarificar la diferencia entre lo científico y lo tecnológica, que, sin ignorar sus relaciones intrínsecas entre ellos, considera que los mecanismos de promoción y aplicación son distintos.
  2. La especialización sectorial de la investigación tecnológica.
  3. La integración de diversas actividades tecnológicas. Se evidencia que una política tecnológica es mucho más que una política de investigación y desarrollo y que requiere considerar otros tipos de actividades, como son la capacitación, la normalización técnica, la transferencia de tecnología, el control de calidad, la prospección de recursos naturales, la información tecnológica, la asistencia técnica, etc.
  4. La necesidad de una relación efectiva entre oferta y demanda de los servicios tecnológicos.

En Setiembre de 1972 se promulga el Decreto Ley 19565 que establece la Ley Orgánica del ITINTEC. En él se le asignan funciones adicionales de colaborar con el Ministerio de Industria y Comercio y el Consejo Nacional de Investigación en la formulación de la política de investigación científica y tecnológica para la industria; recopilar y divulgar la información científica y tecnológica de interés para la industria nacional; representar al país ante los organismos regionales e internacionales de normalización y en eventos internacionales afines; otorgar el sello de conformidad con normas y/o especificaciones para unidades o lotes de materiales y productos.

Entre 1974 y 1975, el ITINTEC se convierte además en el organismo responsable del registro y protección de los elementos constitutivos de la propiedad industrial y de la revisión, aprobación y registro de los contratos de transferencia de tecnología firmados entre las empresas radicadas en el Perú y personas naturales o jurídicas del extranjero. Además, se le añaden explícitamente la responsabilidad de desarrollar actividades de extensión e información industrial.

En 1976 se crea la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) a la cual se les transfieren las funciones referidas a los contratos de transferencia de tecnología, con excepción de las de evaluación técnica que queda en manos de ITINTEC, pero más que nada como función consultiva para el CONITE.

En 1980 se inicia el segundo gobierno de Belaúnde, elegido democráticamente,  Tras una primera intención de cerrar el ITINTEC, sólo se efectúan algunas modificaciones, la más importante fue quitarle la facultad de proponer la política tecnológica sectorial, la cual se traslada al Ministerio. Se promulga además una nueva ley de organización y funciones del ITINTEC (D.L. 171) en la cual se le añaden explícitamente las funciones de efectuar actividades de metrología, de asesoría en el control de la calidad y de transferencia de tecnología. Agrega otros recursos que provenían del arancel para los diversos actos de la propiedad industrial, mantiene el régimen privado para los trabajadores, así como la posibilidad de gestionar ayuda técnica y financiera y de contratar sin requisito de licitación pública; exonera de derechos de importación y adicionales a los bienes de capital, prototipos e insumos necesarios para sus programas de desarrollo tecnológico y amplía esta exoneración a los bienes y equipos que adquieren las empresas industriales para la ejecución de los programas de investigación aprobados y controlados por ITINTEC.

En Mayo de 1982 se promulga la nueva Ley General de Industrias, Ley 23407, en la cual se establece la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la aprobación y control de los proyectos empresariales financiados con el 2% de la renta neta destinada a investigación y desarrollo. Indica, además, que los programas de investigación se realizarán de acuerdo con las políticas de desarrollo científico y tecnológico trazadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al cual también se mantendrá informado de la ejecución de los programas. Mantiene, sin embargo, la transferencia al ITINTEC de los montos no utilizados por las empresas.

También se establece que las empresas industriales podrán destinar hasta el 10% de su renta neta anual, como gastos deducibles para los efectos del impuesto a la renta, a la ejecución de programas aprobados de investigación tecnológica, sin perjuicio de la obligación establecida con respecto al 2%.

En 1982 el Decreto Supremo 029-82-ITI/IND crea una situación que al mismo tiempo que constituye una fuente de mayores ingresos para el Instituto, se inicia una confrontación con las empresas industriales, al obligar a estas, a inscribir en el registro de productos industriales nacionales los bienes que producen, como requisito indispensable para ofrecerlos en venta y al exigir, entre otras informaciones, que en dicho registro se inscriban las características físicas o químicas del producto y las normas técnicas pertinentes.

Además, era competente para ordenar o realizar las pruebas pertinentes para verificar el cumplimiento de las normas técnicas, características y calidad declaradas por la empresa, obligando a ésta a sufragar los gastos que demanden esta actividad.

Posteriormente, el D.S. 065-82-ITI/IND da un paso más hacia la conformación de una labor policial en el ITINTEC al establecer en su artículo 9º la obligatoriedad para los productos importados de tener un nivel de calidad igual o superior al exigido al producto nacional y obligarlos a una certificación de calidad acreditada por el ITINTEC.

En Julio de 1985, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, estableció en el reglamento único de adquisiciones, que en las bases de licitaciones y concursos públicos de precios se incluya la exigencia de cumplimiento de las normas técnicas nacionales y de la presentación del correspondiente certificado de calidad expedido por el ITINTEC.

En la práctica prevalece el modelo sectorial de los institutos de investigación, sobre el esquema del Consejo Nacional de Investigación, que se convierte después en el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Este alcanza preeminencia durante el gobierno aprista del 85 al 90, quien logra obtener recursos suficientes para desarrollar una serie de actividades de promoción de la ciencia y la tecnología.

En julio de 1990, se inicia un proceso acelerado de reajuste económico, liberalización de la economía, apertura del mercado, privatización de la actividad empresarial del estado y desregulación, que se intensifica a partir del 5 de abril de 1992, día en que el poder ejecutivo disuelve el Congreso Nacional y empieza a legislar por Decretos Leyes, introduciendo cambios sustanciales en el régimen económico y en la estructura del Estado.

Para entonces la imagen del ITINTEC era más la de una institución reguladora que de fomento, y, al influjo de las nuevas reglas de juego, desaparecen sus funciones de control y fiscalización. La etapa final se inicia el 30 de junio de 1992, cuando el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” promulga el D.L. 25595, mediante el cual declara en reorganización al ITINTEC, creándose una Comisión Reorganizadora y modifica sus funciones,  eliminando la de investigación tecnológica. Así mismo, transfiere los ingresos del 2% correspondiente a 1991 y 1992 a las universidades nacionales a través del Instituto Nacional de Infraestructura y de Salud (INFES), para ser aplicados “en equipamiento e inversiones que permitan el adelanto tecnológico del país mediante la investigación científica”.

Establece que la función de aprobar y controlar los proyectos de investigación tecnológica e industrial será ejercida por el Consejo de Aprobación y Control de Proyectos de Investigación Tecnológica Industrial que se crea para tales fines.

Dicho Consejo no llega a constituirse, porque poco después el D.L. 25705 elimina el mecanismo del 2% y los equivalentes en otros sectores (pesquería, minería, telecomunicaciones).

En cuanto a la comisión reorganizadora, ésta se ve interrumpida el 7 de Noviembre de 1992, cuando entra en vigencia el D.L. 25818, que declara en disolución y liquidación al ITINTEC.

El 24 de Noviembre de ese mismo año, 1992, mediante D.L. 25868 se crea el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual),

En los 19 años de operación del mecanismo del 2% se presentaron 1.520 proyectos empresariales, por el equivalente de unos 66.5 millones de dólares, de los cuales se autorizaron 745, por un monto de 30 millones de dólares. De ellos se concluyeron hasta el cierre del ITINTEC, 614 (18,6 millones de dólares) y estaban en ejecución 15 (.4 millones de dólares). Aproximadamente el 60% del total invertido se dedicó a proyectos en las áreas de química y de alimentos, áreas en las que se realizaron el 31% y el 21% de proyectos, respectivamente. Les sigue minerales no metálicos con el 11% de proyectos.

Según análisis realizado en el ITINTEC en 1989, sobre 728 proyectos autorizados, arroja las siguientes cifras: 619 en las empresas, 39 en Universidades, 7 en instituciones privadas de investigación, 21 en instituciones públicas de investigación, 42 por investigadores privados o asociados. De esos 728 habían sido concluidos 517, y los resultados de 84 de ellos habían sido implementados en la empresa respectiva.

Comentarios finales

En la literatura sobre los Institutos de Investigación Industrial en América Latina, sobre todo en la más reciente, se los caracteriza por lo general, como instituciones que tomaron como modelo los equivalentes del mundo desarrollado, se centraron en el “supply-push” o “science and technology push” y no en el “demand-pull”, no lograron establecer los necesarios vínculos con la industria para ser efectivos, basaron el grueso de su financiamiento en la cooperación técnica internacional o en el subsidio estatal y no tuvieron en cuenta el concepto del proceso de innovación nacional.

Las sugerencias están enmarcadas en El Acuerdo Nacional suscrito por partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y gobierno el 22 de julio de 2002 y renovados el 10 de marzo de 2006.

1. Conformar un grupo promotor de Ciencia y Tecnología con investigadores de la Universidad de Piura y Universidad Nacional de Piura, y otros investigadores.

2. Vincularse al Gobierno Regional de Piura y gobiernos locales para fines de apoyo logístico y financiero.

3. Elaborar una Matriz Estratégica Regional de Líneas de Intervención en Ciencia y Tecnología.

4. Difusión de resultados de Ciencia y Tecnología a través de medios de comunicación:     tesis, investigaciones, monografías, etc.

5. Asignación de un porcentaje del canon petrolero para financiar Investigaciones

6. Concursos, premios, ferias, incentivos en Ciencia y Tecnología

7. Reactivar lo recordado por Washington, que funcionó anteriormente en el gobierno regional anterior.

8. Compendiar los resultaos de las principales investigaciones realizadas en el ámbito regional.

 

 

 

 

 

 

 

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Publicado por en 23 de agosto de 2012 en Sin categoría

 

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